top of page
  • Twitter
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

Se agravan las amenazas de intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela y Colombia

  • Foto del escritor: CSCPR
    CSCPR
  • hace 1 hora
  • 8 Min. de lectura

Por: Alejandro Torres Rivera, 13 de noviembre de 2025, San Juan, Puerto Rico

ree

Hasta mediados del pasado mes de octubre se habían traslado a aguas del Caribe cercanas a las costas de la República Bolivariana de Venezuela unidades navales y aéreas estadounidenses que incluyen el grupo anfibio del USS Iwo Jima; de la 22 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, compuesta por aproximadamente 4,500 efectivos; tres destructores portadores de misiles guiados; un submarino nuclear de ataque; un buque con personal de operaciones especiales; un crucero portador de misiles guiados y un avión de reconocimiento Poseidon P-8.

 

A Puerto Rico se habían trasladado por lo menos diez aviones F-35 y tres drones MQ-9, utilizando tanto las instalaciones del aeropuerto José Aponte de La Torre en Ceiba (antes Roosevelt Roads) y del aeropuerto Punta Borinquen de Aguadilla. Se indica que en el desplazamiento de medios navales y aéreos se encuentran también aviones equipados con misiles Hellfire y aviones AC-130. Además del buque USS Iwo Jima,  con mayor detalle, se encuentran en el área los buques de transporte anfibio USS Fort Lauderdale y USS San Antonio; el crucero USS Lake Erie; los destructores USS Gravely, USS Jason Dumhan y USS Stockdale; el buque de combate de litoral USS Minneapolis-Saint Paul, el buque de Operaciones Especiales MV Ocean Trader y el submarino nuclear USS Newport News.

 

Entre otros medios aéreos se encuentran también el área aviones de combate Harrier, F-35, T38 A Talon, V-22 Osprey (de transporte y carga) P-8 (de reconocimiento), MQ-9 reaper; y helicópteros Seahawk, UH-60 Black Hawk, aviones C-13-J Super Hercules (con capacidad para reabastecer combustible en el aire) AC-13-J Ghostrider; C-17 Globemaster III (de transporte militar); B-52 Stratoforces (aviación estratégica); KC-Pegasus (reabastecimiento de combustible y transporte estratégico), C-5M Super Galaxy (transporte estratégico);  y KC-135 Stratotanker (reabastecimiento aéreo de combustible).

 

Todo este despliegue de fuerza, sin embargo, puede no ser suficiente para una invasión efectiva al interior del territorio de Venezuela, aunque sí tiene el potencial de, a distancia, impactar importantes elementos de infraestructura civil y militar en el país.

 

El 24 de octubre el Secretario de Guerra de Estados Unidos ordenó el traslado al área de operaciones del Caribe bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos, el portaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78). Se trata del buque más grande y el portaviones más reciente de Estados Unidos. Entró en servicio en el año 2017 durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El buque  mide 335 metros de largo y pesa aproximadamente 100 mil toneladas. Lleva una dotación de alrededor 5 mil efectivos militares.

 

El desplazamiento del USS Gerald R. Ford a aguas del Caribe  representa la llegada de buques de apoyo como es el caso de los destructores USS Baindridge, el USS Mahan y el USS Wiston Churchill, a los cuales se suman otros buques que conforman un denominado “grupo de combate”. Para observadores y analistas, se trata de una presencia inédita en el contexto regional. Sin embargo, ya en el pasado, cuando operaba en el este de Puerto Rico la Estación Naval de Roosevelt Roads se coordinaba por el “Atlantic Fleet Weapons Training Facility” sus polígonos de entrenamiento: Polígono Interno, Polígono de Guerra Electrónica, Polígono de Guerra Submarina y Antisubmarina; y Polígonos Externos Norte (Alfa) y Sur (Bravo). De manera rutinaria, grupos de combate de distintos portaviones de la Flota del Atlántico de Estados Unidos hacían sus entrenamientos en esta región del Caribe.

 

Desde el mes de octubre Estados Unidos viene llevando ataques contra lanchas rápidas de presuntos narcotraficantes, provenientes de la región del Caribe en el caso de Venezuela, y del Océano Pacífico en el caso de Colombia. Al presente ya suman 19 los ataques con misiles dejando un saldo de 81 muertos. Se trata de asesinatos extrajudiciales sin que Estados Unidos haya probado que se trata de narcotraficantes. Aun cuando este fuera el caso, tales ataques en aguas internacionales violan el estado de derecho vigente, toda vez que los alegados traficantes pudieron ser interceptados, capturados, trasladados a territorio de Estados Unidos, y allí ser acusados y juzgados. Esa era en el pasado parte de las funciones de la Guardia Costanera, así como  entidades similares de interdicción en países localizados en las Antillas Menores.

 

El incremento en la presencia militar de Estados Unidos, la retórica de funcionarios del gobierno estadounidense tales como el Secretario de Guerra, el Secretario de Estado y el propio presidente Donald Trump promoviendo un “cambio de régimen” en Venezuela, deja pocas dudas del propósito real de las operaciones militares en la región. Más bien van dirigidas, no tanto contra el narcotráfico, sino convertir a dicho país en un estado vasallo de Estados Unidos. Su propósito es apoderarse para su beneficio de importantes recursos en Venezuela como es el caso del petróleo y el gas natural. Recordemos que Venezuela es el país con las mayores reservas a escala global, sin  dejar de mencionar, además, la riqueza de su subsuelo en otros minerales codiciados por Estados Unidos. Lo mismo podemos señalar en el caso Colombia, país también rico en minerales, al frente del cual hay también un gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro que no se ha prestado ni sometido a la arrogancia del gobierno norteamericano y que hoy levanta la bandera de la independencia y la soberanía.

 

La respuesta del gobierno constitucional de Nicolás Maduro, ha sido en el pasado reciente, el llamado a la movilización popular, a la integración de millones de venezolanos a las milicias populares, a la preparación del país para la defensa nacional ante una posible intervención militar estadounidense. No obstante, ante el incremento de la amenaza que representa la llegada del portaviones USS Gerald R. Ford a las cercanías de Venezuela, lo que implica la presencia de veintenas de aviones de combate adicionales a los medios ya desplazados, así como los destructores antes descritos, entre otros, el gobierno venezolano ha activado nuevos planes de contingencia. Estos incluyen, como etapa de preparación superior ante una invasión, la movilización bajo el “Plan Independencia 200”, donde se han movilizado unos 200 mil efectivos en todo el país bajo la dirección del “Comando Estratégico Operacional”. La operación incluye medios terrestres, aéreos, navales, fluviales, misilísticos, sistemas de armas, unidades militares, milicias, órganos de seguridad ciudadana, y Comandos de Defensa Integral en todo el país. A la vez, se ha aprobado la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación” mediante la cual se han creado comandos de defensa integral a nivel nacional en cada estado, así como en 355 municipios.

 

Como ha indicado el presidente Maduro, las instancias que crea la Ley para la defensa nacional está dirigida preparar al “pueblo para la lucha armada para defender esta sagrada herencia de libertadores y libertadoras y estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía.”

 

El gobierno venezolano ha dado a conocer elementos relacionados con lo que es su capacidad  militar defensiva. El propio presidente ha puesto de relieve armas modernas suplidas a Venezuela por la Federación de Rusia, incluyendo miles de misiles y aviación de combate, como también medios defensivos de radares y vehículos de combate. Una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela será muy costosa, con el agravante de la respuesta que podría haber de países latinoamericanos que seguramente protestarán cualquier intervención de dicho gobierno contra un pueblo latinoamericano. El presidente Maduro también ha expresado que una agresión contra Colombia sería considerada como una agresión contra Venezuela, expresando así su solidaridad hacia este pueblo hermano. Al igual que Venezuela, Colombia ha colocado en estado de alerta sus fuerzas armadas.

 

En un escrito anterior señalábamos que las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se remontan a comienzos del presente año cuando el presidente colombiano le negó permiso de aterrizaje a aviones provenientes de Estados Unidos con inmigrantes colombianos deportados. Este diferendo, que pudo haber causado la imposición por parte de Trump de aranceles a Colombia, se disipó entonces cuando Colombia aceptó los vuelos de los deportados, pero en aviones colombianos y no en líneas estadounidenses.

 

El segundo choque entre ambos países se produjo en septiembre cuando Estados Unidos descertificó a Colombia en lo relacionado con el cumplimiento del control de la producción y tráfico de drogas ilícitas. Según indicó entonces Univisión Noticias, esto “significó una reprimenda a la política de drogas que ha experimentado Petro en su país”. Señaló el medio noticioso que el presidente colombiano había “intentado cambiar el enfoque represivo en la política anti drogas al dar prioridad a la concertación con los cultivadores y la persecución de los grandes capos.”

 

Un tercer incidente ocurrió también en septiembre cuando Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro imputándole “acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación en Nueva York contra el presidente israelí, Benjamín Netanyahu y contra un veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de Israel. Indicó Univisión Noticias que en sus declaraciones Petro propuso un “ejército internacional para defender al pueblo palestino y exhorto a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes”. Trump le imputa a Petro “incitar a la violencia.” Allí Petro dijo: “Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”.

 

El cuarto choque se produce ante el despliegue militar de Estados Unidos en la región calificando de asesinato los ataques a las presuntas lanchas de narcotraficantes. En el ataque llevado a cabo el 16 de septiembre falleció un ciudadano colombiano. Su embarcación estaba a la deriva y averiada cuando fue atacada. Al acusar a Estados Unidos Petro alegó que Estados Unidos había violado la soberanía de Colombia.

 

El quinto choque se produjo ante el ataque de Estados Unidos a un presunto submarino donde hubo dos sobrevivientes, uno colombiano y otro peruano.  Estos fueron rescatados en el mar y llevados al buque anfibio USS Iwo Jima. Las muertes ocurridas fueron calificadas como asesinatos extrajudiciales. Estados Unidos devolvió a los supuestos narcotraficantes a sus países de origen, lo que coloca en entredicho su condición de narcotraficantes peligrosos, como había indicado Trump, dado el hecho de que pudo tras la captura, llevarlos a Estados Unidos para eventualmente ser procesados por las autoridades estadounidenses.

 

En un sexto episodio, Trump advirtió a Petro de frenar las operaciones del narcotráfico “o Estados Unidos las frenará por él, y no lo hará de manera amable.” La respuesta de Petro fue indicar que Trump estaba siendo “grosero e ignorante con Colombia.”

 

Otro incidente surgió como resultado de un ataque por parte de Estados Unidos a un buque alegadamente perteneciente al Ejército de Liberación Nacional  (ELN), que transportaba drogas desde Colombia.

 

Todo indica que la situación puede seguir complicándose, no sólo con relación a Venezuela, sino desatando un conflicto que a la larga involucre también a Colombia, lo que llevaría a un sin sentido dentro de la geopolítica estadounidense, pero más aún, reforzaría lazos entre dos países hermanos que en el pasado han tenido sus diferencias, Venezuela y Colombia, frente al poder imperial de Estados Unidos.

 

Datos más recientes indican que el Reino Unido de la Gran Bretaña ha decidido, como también lo ha hecho Colombia, cesar de proveer a Estados Unidos datos de inteligencia recopilados desde las islas del Caribe que son territorio británicos como consecuencia de los asesinatos extrajudiciales de Estados Unidos contra los presuntos narcotraficantes. Estados Unidos, sin embargo, insiste en continuar sus ejecuciones contra personas que alega transportan drogas desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.

 

La situación en la región se ha convertido en un barril de pólvora donde cada día la chispa de encendido está más cercana. Para Venezuela, para Colombia y por qué no para el resto de países latinoamericanos que reclaman su independencia y soberanía frente a Estados Unidos, como son los casos de Cuba y Nicaragua, se trata de un conflicto que también puede llevar a la intervención imperial de parte de Estados Unidos sobre sus respectivos países.

 
 
 

Comentarios


bottom of page