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¡Retiren cargos contra el Partido Socialista del Pueblo Africano!

POR TERRY EVANS

TRABAJADORES/BETTY BEATÓN RUIZ

Asestando un duro golpe a las protecciones constitucionales, fiscales del Departamento de Justicia lograron que un gran jurado federal en Florida acusara el 18 de abril a tres miembros del Partido Socialista del Pueblo Africano (APSP) y del Movimiento Uhuru por cargos falsos de ser “agentes extranjeros no registrados”.

Acusan a Omali Yeshitela, Penny Joanne Hess y Jesse Nevel de actuar “como agentes de un gobierno extranjero y de funcionarios extranjeros, a saber, de la Federación Rusa”, y hacerlo “sin notificación previa al Fiscal General”. Junto con el ex miembro del APSP Augustus C. Romain, ahora miembro de Black Hammer, también se les acusa de defraudar al gobierno de Estados Unidos.

Tres rusos, que ya no están en Estados Unidos, están nombrados en la acusación. Los fiscales federales afirman que Aleksey Sukhodolov y Yegor Popov trabajan para la FSB, la policía política de Vladímir Putin. Alegan que un tercero, Aleksandr Ionov, trabajó con el APSP para promover la interferencia de Moscú en una elección en San Petersburgo, Florida, en 2019. El APSP postuló a Eritha Akile Cainion para el Concejo Municipal allí.

Fundado en 1972, este partido nacionalista negro dirige una variedad de pequeñas empresas y se ha involucrado en actividades políticas protegidas por la constitución durante décadas.

Según la acusación Ionov dio dinero a miembros del APSP para generar apoyo para la agenda de Moscú en Estados Unidos, especialmente la anexión de partes de Ucrania por parte de Putin. Los líderes del APSP nunca han ocultado su apoyo al intento del Kremlin de aplastar la independencia de Ucrania. Al igual que algunos grupos entrenados por estalinistas, colaboran con fuerzas en el extranjero que comparten sus puntos de vista, como es su derecho.

El verdadero objetivo de los fiscales son las protecciones constitucionales de la libertad de expresión política. Los espías rusos “armificaron nuestros derechos de la Primera Enmienda”, se quejó el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen.

Asalto a actividad política protegida

La acusación está dirigida contra las actividades políticas de los miembros del APSP, que incluyen hacer campaña por reparaciones para los descendientes de esclavos y publicar artículos de Ionov. También cita una visita de Yeshitela a Moscú en 2015. Si son declarados culpables de ser “agentes extranjeros no registrados”, enfrentan a hasta 15 años de prisión.

Agentes del FBI fuertemente armados allanaron las oficinas del APSP y del Movimiento Uhuru en St. Petersburgo, Florida y St. Louis en julio pasado, derribaron las puertas, arrojaron granadas parpadeantes dentro y esposaron a los que estaban allí a punta de pistola, mientras incautaban computadoras, registros financieros y archivos. También allanaron las casas de miembros del APSP y de Uhuru.

“Este caso no trata de… si tengo o no una posición sobre la guerra en Ucrania que sea la misma que tenían los rusos”, escribió Yeshitela, presidente del APSP, a fines del año pasado. “Este ataque fue perpetrado contra nosotros porque siempre hemos luchado por la liberación de África”. El grupo también apoya a la Revolución Cubana y uno de sus miembros se encuentra actualmente con una delegación de Estados Unidos a La Habana para participar en actividades en torno del Primero de Mayo.

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros fue adoptada en 1938 por la administración del Partido Demócrata de Franklin Roosevelt, como parte de un paquete de leyes en el arsenal de “seguridad nacional” del gobierno que atacaba los derechos políticos, incluidas las protecciones de la Primera Enmienda, en preparación para aplastar oposición a la entrada de Washington a la segunda guerra mundial imperialista.

Subsecuentemente, el FBI lanzó un asalto contra el Partido Socialista de los Trabajadores por construir oposición en el movimiento obrero contra la campaña guerrerista imperialista de Washington. El ataque comenzó con la Ley de Agentes Extranjeros. Condujo al juicio amañado y condena de 18 dirigentes del PST y miembros del sindicato Teamsters bajo la Ley Smith de control del pensamiento en 1941.

Las administraciones demócratas y republicanas por igual han empleado las leyes de “agentes extranjeros” y de cacería de brujas como armas para espiar, acosar y desbaratar al PST, el Partido Comunista, luchadores por los derechos de los negros, los opositores a las guerras de Washington y otros.

Actuar como “agentes extranjeros no registrados” fue uno de los cargos contra cinco revolucionarios cubanos que habían venido a Estados Unidos para recopilar información sobre grupos contrarrevolucionarios que planeaban ataques violentos contra Cuba. Los Cinco Cubanos fueron atacados por el FBI, incriminados y encarcelados bajo cargos falsos hasta por 16 años. El último de ellos ganó su libertad en 2014.

Meses antes de que Donald Trump fuera elegido presidente en 2016, el FBI intentó manufacturar un caso alegando que él también estaba operando en connivencia con Moscú.

El FBI irrumpió en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago el verano pasado con el engaño de proteger la “seguridad nacional”. El gobierno afirmó que Trump tomó indebidamente documentos secretos cuando salió de la Casa Blanca. Resultó que muchos presidentes hacen lo mismo, incluido Joseph Biden. Este ataque fue parte del esfuerzo de seis años de los demócratas para expulsar a Trump de la política o llevarlo a prisión.

Cada vez que un partido de la clase dominante intenta criminalizar sus diferencias con el otro, sus ataques inevitablemente se vuelven contra la clase trabajadora. Al allanamiento en Mar-a-Lago y al del APSP le siguió otro operativo del FBI, en el cual agentes intentaron interrogar a unas 60 personas en Puerto Rico que habían formado parte de una brigada de solidaridad con Cuba, aunque no se han presentado cargos.

La defensa de las libertades constitucionales contra los ataques gubernamentales es fundamental para impulsar las luchas comunes de los trabajadores y los oprimidos.

¡Retiren los cargos!

 
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