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Llamamiento conjunto a las Naciones Unidas a favor del levantamiento delas medidas contra Venezuela

#SolidaridadconVenezuela


Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y

populares abajo firmantes, hacemos un llamamiento conjunto en favor de

requerir a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle

Bachelet y a la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo

de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) en el disfrute de los

derechos humanos Alena Douhan, que solicite formalmente al Gobierno de

los Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento incondicional de las

medidas coercitivas unilaterales que ha venido desarrollando contra el país.


Desde el año 2014 el Gobierno de Estados Unidos ha venido aplicando un

gran número de medidas coercitivas unilaterales contra la República

Bolivariana de Venezuela, que de manera arbitraria y unilateral

producen efectos jurídicos y responsabilidad internacional por parte

de quien las aplica, y configuran un delito de lesa humanidad ya que

dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el

desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho

internacional, y el principio de autodeterminación del pueblo.


Durante los últimos años, el régimen de Estados Unidos y la Unión

Europea, han incrementado sus agresiones contra Venezuela,

comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante

las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que

representa el virus de la COVID-19, dificultando a las instituciones

estatales cualquier iniciativa para comprar las vacunas requeridas,

impidiendo el acceso a sus propios recursos depositados en la banca

privada internacional.


El objetivo principal del bloqueo financiero de EE.UU., ha sido el

negar o impedir a Venezuela el acceso a los medicamentos, alimentos,

combustible, servicios, infraestructura esencial, etc. con el fin de

provocar una crisis en materia de salud. El bloquear financieramente a

un país constituye un Crimen de Lesa Humanidad según la definición

dada por el Estatuto de Roma, en su artículo 7. Recientemente, el

presidente Joe Biden, ha señalado que se reserva las sanciones de la

era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al

Gobierno venezolano en la mesa de negociaciones.


Tal condicionamiento es ilegal, ilegítimo, inmoral, y criminal, dado

que ha sido suficientemente evidenciado por los organismos y

relatorías de las Naciones Unidas que tales medidas coercitivas

unilaterales "constituyen una violación del derecho internacional",

denegatorias de la igualdad soberana de los Estados, constituyendo una

intervención en los asuntos internos de Venezuela. En este sentido, la

Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU -del 24 de octubre de

1970- reafirma la igualdad soberana de los Estados, la libre

determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no

intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna,

estableciendo que: "…ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de

medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para

coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio

de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro.

Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema

político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma

por parte de ningún otro Estado".


En suma, la aplicación de MCU ha implicado un bloqueo de facto contra

Venezuela, que infringe las obligaciones contraídas por los países que

las imponen en materia de derechos humanos , y que ha tenido como

propósito atacar la economía venezolana para acrecentar la presión

sobre el país, dificultando la capacidad del Estado venezolano de

ejecutar sus responsabilidades internacionales en materia de derechos

sociales, en particular las políticas de alimentación, salud, vida,

educación, y el desarrollo -agravada por el contexto de la pandemia de

la COVID-19-, ya que como efecto del bloqueo los ingresos del Estado

se contrajeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos.


Por último, señalamos que en el Informe realizado por la Relatora en

su visita a Venezuela, la alta funcionaria recordó a todas las partes

su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de

observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos

los principios de igualdad soberana, independencia política, no

intervención en los asuntos internos de los Estados y solución

pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial

les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las

instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.


En favor de este llamamiento, abajo firman:


FAVOR DE ENVIAR SU FIRMA A:

suresddhh@gmail.com

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