Avanza la candidatura de Gustavo Petro
Por: Alejandro Torres Rivera
27 de mayo de 2022
A la hora en que se transmite este programa de Ventana al Mundo desde Puerto Rico, habrá concluido el proceso iniciado mediante el voto en el extranjero por parte de un millón de colombianos, para la primera vuelta electoral para la elección del nuevo presidente de la República. El grueso de los ciudadanos colombianos podrá ejercer su derecho al voto el día 29 de mayo.
Se había indicado antes de la fecha de los comicios, que de los distintos candidatos/as a la presidencia del país, los que mayor posibilidades tenían eran Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.
El primero, Gustavo Petro, es un ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá que a lo largo de su carrera política también ha ocupado entre 1998 y 2006 la posición de representante a la Cámara, como también dos términos como Senador. Comparece en estas elecciones como candidato por la izquierda colombiana bajo la “Coalición Pacto Histórico”. Los sondeos y encuestas realizadas antes de la fecha de las elecciones le colocaba al frente capturando la intención del voto de cerca del 40% de los electores habilitados para votar.
En segundo lugar, Petro era seguido por el candidato de la derecha gobernante, Federico Gutiérrez con un 24% de los electores. Gutiérrez comparece como candidato de la “Coalición Equipo por Colombia, teniendo también como historial distintos puestos como funcionario en gobiernos previos y haber sido alcalde de Medellín entre 2016 y 2020.
En la tercera posición se encontraba Rodolfo Hernández con entre un 12% y18% de los electores. Otros candidatos como Sergio Fajardo, figuraba con el 5% de los votos; mientras John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, ambos aparecían con apenas el 1% de los votos. Ingrid Betancourt y Luis Pérez a la fecha de los sondeos más recientes se retiraban de la contienda electoral.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, en estas elecciones 38 millones de colombianos estarían habilitados para ejercer el derecho al voto.
En las elecciones presidenciales en Colombia se escoge no sólo al presidente sino también al vicepresidente/a. El término del mandato a partir de la fecha de su jura es de cuatro años. Previo a los comicios presidenciales, se realizan las llamadas elecciones parlamentarias donde se eligen como diputados o “curules” a 102 ciudadanos para el Senado y 166 a la Cámara de Representantes.
De acuerdo a la Constitución de Colombia en su Artículo 190, el candidato a la presidencia, para resultar electo en una primera vuelta, debe sacar la mitad más uno de los votos emitidos. Si se diera una situación donde la mayoría de los votos hubieran sido votos en blanco, tal resultado obligaría también a una segunda vuelta. Si en la segunda vuelta se repitiera el resultado mayoritario de los votos en blanco, ganaría las elecciones el candidato que obtuvo el mayor número de votos. La segunda vuelta, sin embargo, salvo la situación antes mencionada, se da entre los dos candidatos que mayor número de votos hubieran obtenido en la primera vuelta.
En Colombia tiene derecho a votar toda persona mayor de 18 años, que no forme parte de la fuerza pública, y que no esté encarcelado o condenado. Las elecciones, por disposición constitucional, se celebran cada cuatro años el último domingo del mes de mayo.
En las elecciones presidenciales pasadas, efectuadas en 2018, de un total de 36.7 millones de electores inscritos, votaron 19.6 millones. Esto representó una abstención de 46.6%. En las elecciones presidenciales efectuadas en 2014 el porciento de abstenidos fue de 52%.
En las elecciones presidenciales de 2018, el candidato de la derecha, Iván Duque, resultó ganador en la primera vuelta aunque con el 39.14% de los votos. Fue seguido precisamente por Gustavo Petro quien obtuvo el 25.08% de los votos. Al no haber obtenido Duque el 50% más uno de los votos fue necesaria una segunda vuelta electoral. De ser necesaria la segunda vuelta electoral en estas elecciones, se llevarían a cabo el día 19 de junio. A partir de lo que reflejaban las encuestas previo a las elecciones de 19 de mayo, es posible que nuevamente lleve a cabo la segunda vuelta, lo que estaría por verse.
Las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en Colombia en marzo de 2018 levantaron gran expectativa por haber sido las primeras elecciones en las cuales la anterior organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), convertida en partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), participó del proceso electoral. En tales elecciones, concurrieron múltiples partidos políticos para elegir entre sus candidatos los integrantes de su parlamento. Precisamente por los Acuerdos de Paz negociados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, a la organización “guerrillera” entonces ya legalizada como FARC, se le aseguraban cinco escaños en el Senado y cinco adicionales en la Cámara de Representantes.
En los comicios presidenciales de 2018, el candidato que eventualmente resultó electo, Iván Duque, compareció bajo la franquicia electoral del “Centro Democrático”, mientras Gustavo Petro lo hizo bajo la franquicia “Coalición por la Decencia”. En vísperas de aquellas elecciones presidenciales se hizo público la intención del gobierno que encabezaba Juan Manuel Santos del deseo de Colombia ingresar a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entonces para algunos observadores, tal determinación planteó dudas en torno al futuro de Colombia como parte el Movimiento de Países No Alineados (NOAL), la segunda organización de mayor alcance internacional. Recordemos que los NOAL surgen precisamente como respuesta de los países que no formaban parte de la OTAN ni de los países signatarios del “Pacto de Varsovia”, ello en respuesta a la entonces existente “Guerra Fría”.
Colombia es quizás uno de los países más militarizados de América Latina, sino el más. En dicho país Estados Unidos ha desplegado bajo el llamado “Plan Colombia”, con la participación de cientos de efectivos militares a título de “asesores” y el despliegue de efectivos vinculados a agencias de seguridad e interdicción que incluyen la Agencia Central de Inteligencia y la DEA. Desde el uso que le ha facilitado Colombia a los Estados Unidos con sus instalaciones militares, se ha ido configurando en Colombia una potente fuerza militar cuya capacidad hoy excede propósitos estrictamente defensivos. En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas tienen hoy, al menos teóricamente, como fuerzas de tierra, aire y mar, junto con unidades de infantería de marina, la capacidad militar para incluso agredir países vecinos. En su confección, preparación y desarrollo, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares como parte del Plan Colombia.
La versión original de este Plan surgió en 1998 precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el mismo presidente con el cual se desarrollaron conversaciones de paz con las organizaciones guerrilleras. Se indica que este Plan militar aspiraba a ser una especie de “Plan Marshall” para Colombia, que permitiera desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de tres décadas. Uno de los componentes del Plan era ofrecer al campesinado una opción económica alternativa viable y no ilegal a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado básicamente entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP, el ELN y las organizaciones paramilitares.
El Plan Colombia, además, se ideó también como un contra balance a los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 por llegar a acuerdos de paz que impidieran una salida irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo más adelante, particularmente bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, el Plan Colombia representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.
En nuestro análisis tras el resultado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2018 indicábamos lo siguiente:
“Una gran parte de los observadores del proceso electoral en Colombia estiman que las posibilidades de que la agrupación de izquierda que encabeza Gustavo Petro resulte ganadora en esta segunda vuelta, son improbables. Sin embargo, aún así, una sólida demostración de fuerza política por parte de esta agrupación y sus aliados, sería importante en estos momentos, sobre todo pensando en las futuras elecciones en Colombia, así como el peso político que ello represente para las decisiones futuras del gobierno colombiano incluyendo un acuerdo definitivo con la guerrilla del ELN.”
Bajo el mandato de Duque, no se ha avanzado en las negociaciones con la guerrilla del ELN. En el caso de las FARC, un sector de la estructura política retomó las armas y se reinsertó nuevamente como FARC-EP en las selvas y montañas de Colombia. En el caso de su vecina, la República Bolivariana de Venezuela, manteniendo su condición de base de apoyo para las políticas injerencistas de los Estados Unidos contra dicho país, Colombia ha servido su territorio como santuario o refugio para las fuerzas contrarrevolucionarias venezolanas para desde allí lanzar operaciones mercenarias contra territorio venezolano.
Bajo el gobierno de Duque se ha mantenido en Colombia una política sistemática de represión y asesinatos contra dirigentes de los movimientos populares, indigenistas y ambientalistas; al igual que la agudización de medidas neoliberales que impactan la clase trabajadora. Por esto en los pasados meses cientos de miles de colombianos, mujeres, obreros y estudiantes, han retomando las calles, movilizándose en las luchas sociales.
En Colombia, más de 21 millones de personas viven en pobreza y pobreza extrema, habiendo incrementado la primera durante el 2021 en 3.6 millones de personas y la segunda en 3.1 millones; es decir, en cualquiera de los renglones, casi al equivalente o en exceso del total de población que nos certifica el censo en Puerto Rico para dicho año. El índice de pobreza en Colombia es un ingreso de 327 mil pesos mensuales, lo que equivale a $93.00. Aquellos que viven en extrema pobreza tienen un ingreso promedio mensual menor a $135 mil pesos; o menor a 500 mil pesos colombianos por hogar.
La situación que disparó el gatillo de las recientes movilizaciones populares a principios del mes de abril del pasado año, la “Reforma Fiscal Solidaria Sostenible”, así denominada por el gobierno de Duque, la cual disponía, entre otras medidas, las siguientes:
tasas impositivas de 19% a los productos de la canasta familiar;
impuestos a la renta a personas que ganan más de 2.5 millones de pesos colombianos;
facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses donde podría enajenar, restructurar o unificar entidades y empresas estatales;
la imposición de 19% de impuestos a los servicios públicos domiciliarios;
aumentos en el precio de la gasolina;
rigurosa austeridad en el gasto social; y
la congelación de los salarios de los empleados públicos por espacio de 5 años.
Gran parte de los movilizados en las protestas sociales fueron los jóvenes, quienes hoy son la gran reserva en el apoyo a la candidatura de Gustavo Petro.
Vanessa Morales Castro, en artículo publicado en América Latina en Movimiento (www.alainet.org) el 5 de abril de 2021, indicaba que uno de los elementos que habría que considerar a la hora de analizar los sucesos en marcha en Colombia era que la “política colombiana se ha caracterizado históricamente por mantener las formas institucionales, mientras que ha sostenido un orden político, social y económico con violencia estatal y paraestatal, especialmente en las áreas rurales. Sin embargo, hace algunos años el país ha asistido a una creciente movilización de los sectores urbanos, que habían vivido alejados del conflicto armado. Algunos de estos sectores han comenzado a movilizarse en respaldo a los Acuerdos de Paz, en contra del abuso policial y las políticas como el fracking. Estas protestas han permitido una articulación de sectores urbanos y rurales, lo que ha significado una completa novedad, pues históricamente el país ha vivido en una fragmentación geográfica y social que hoy parece comenzar a borrarse.”
Ahora bien, no deja de herir la retina cuando leíamos en aquel momento las declaraciones del expresidente y delincuente Álvaro Uribe, clamando desde su cuenta en Twitter, por el uso de “fuerza letal” contra quienes participan de las movilizaciones populares. Para Uribe, su llamado era uno “justificador” para evitar el vandalismo en las principales ciudades del país, los cuales indicaba, generan terrorismo y miedo entre los ciudadanos. Apoyándose en este tipo de llamado, como caja de resonancia, su heredero y presidente de Colombia Iván Duque, ordenó al ejército “garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en el territorio nacional”, convirtiéndose así este llamado en la excusa para los actos de represión indiscriminada llevada a cabo contra los manifestantes en las calles de las principales ciudades de Colombia.
Como antes, hoy el fantasma de la lucha guerrillera y del comunismo, aparece en el discurso de los representantes de la oligarquía colombiana enquistada en las estructuras del gobierno. Sus testaferros en las fuerzas armadas y en la policía fueron los mismos que estuvieron prestos a inculpar a los manifestantes en las protestas de vínculos con las FARC-EP y el ELN, extendiendo la responsabilidad a nivel político por los enfrentamientos a otras organizaciones de izquierda.
Diego Molano, Ministro de Defensa de Colombia, por ejemplo, declaraba hipócritamente que lamentaba la “muerte de todas las personas que han estado en las manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida.” Señalaba que Colombia enfrentaba una amenaza terrorista de parte de organizaciones criminales que estaban detrás de los actos violentos y que empañaban la protesta pacífica, cuando son las propias fuerzas armadas las que están reprimiendo al pueblo colombiano en las calles. Se trata, según él, de “actos premeditados, organizados y financiados por grupos de las disidencias de las FARC y el ELN.”
Ante el escenario de que se tenga que recurrir a una segunda vuelta electoral, es de esperar que los sectores oligárquicos, neoliberales, sostenedores del narcotráfico y vinculados con el capital interno y transnacional, nuevamente presenten un frente unido contra el posible triunfo de Gustavo Petro en las elecciones. Para la izquierda y los sectores progresistas en Colombia, sin embargo, se abre una maravillosa oportunidad donde, mediante la concertación de esfuerzos, quede abierto un nuevo camino hacia una transformación profunda del Estado colombiano, la democratización de la vida de su pueblo y la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes para las clases trabajadoras y las poblaciones originarias en el país.