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ESTADIDAD: ¿PARA QUIEN?

Por: Lcdo. Ariel Hernéndez Santana


En el contexto de la conmemoración de la Ley Jones aprobada el 2 de marzo de 1917 por el Congreso de los Estados Unidos mediante la cual los ciudadanos de Puerto Rico fueron declarados ciudadanos de los Estados Unidos y en consideración a los resultados del plebiscito en las elecciones del año 2020, reflexionamos mediante un breve análisis histórico a quiénes el Congreso ha admitido como estado de los Estados Unidos de América.

En el mencionado plebiscito se le hizo al pueblo de Puerto Rico una pregunta; ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? ¿Sí o No? El 52.5% de los que la contestaron respondieron en la afirmativa. De todas las consultas de estatus que se han celebrado en Puerto Rico desde el 1967 hasta esa fecha, sin lugar a duda esa fue la primera ocasión que la fórmula de la estadidad recibió un claro apoyo mayoritario del electorado. El liderato estadista podría argumentar que en el 2012 la estadidad sacó el 61% y que en el del 2017 sacó el 97%, pero es harto conocido lo poco confiables que fueron dichos resultados.[1]


Regresando a las elecciones de 2020, partiendo de la premisa que el 33% de los que votaron por el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) emitieron un voto a favor de la estadidad, tenemos que un 19.5% que favoreció dicha opción provino de los electores que le dieron el voto a los candidatos a la gobernación de los otros partidos. Eso quiere decir que existe una gran parte del electorado puertorriqueño que apoya la estadidad pero que no está afiliado al Partido que apoya dicha formula de estatus.


Ahora bien, todos sabemos que dicha consulta no tenía un carácter vinculante para el Congreso de los Estados Unidos al no haber sido previamente aprobada por el Departamento de Justicia Federal, según lo dispuesto por el Consolidated Appropriations Act de 2014 bajo la administración de Barack Obama. Dicha ley federal provee un fondo de $2.5 millones para la celebración de un referéndum en Puerto Rico que incluya las alternativas de estatus constitucionalmente válidas bajo la Constitución de los EU, pero para autorizar el desembolso de esos fondos se requiere que la papeleta cuente con la aprobación previa de dicho departamento. Entonces, ¿de qué sirvió el ejercicio electoral?

Para el movimiento estadista le ha servido de impulso para llevar un mensaje a Washington de que el pueblo de Puerto Rico favorece la estadidad, un primer paso en cualquier proceso de admisión. Pero debemos preguntarnos ¿para quién es la estadidad? De acuerdo con el análisis que se esboza a continuación, sostenemos la teoría de que la estadidad solo sería concedida por el Congreso en el supuesto de que en Puerto Rico se efectúe un cambio demográfico significativo donde la mayoría de la población esté compuesta por gente blanca americana anglosajona que sean a fines con la visión e ideales de la mayoría de la sociedad estadounidense y su gobierno. Veamos.

La estadidad para los territorios al oeste del río Mississippi, el territorio no contiguo de Alaska y las islas de Hawaii en el Pacífico, tuvo el efecto de diezmar y desplazar las poblaciones nativas al punto de su virtual extinción. En el caso de Luisiana, un territorio adquirido mediante compra a Francia en 1803, su proceso de admisión como estado en 1812, estuvo matizado por los esfuerzos de una clase blanca afrancesada y anglosajona que impulsaban la esclavitud de los negros como una gran fuente de ingresos a costa de una población oprimida. Al día de hoy persiste una distancia abismal entre la clase alta dominante compuesta por anglosajones blancos en su mayoría y la masa de afroamericanos pobres.


Los territorios del mediano oeste ocupados por tribus indígenas fueron conquistados militarmente y sus habitantes obligados a ingresar a reservaciones. Los incidentes del Trail of Tears luego del Indian Removal Act de 1830 y la masacre de Wounded Knee en Dakota del Sur en 1890 fueron solo algunos de los eventos más significativos que representaron trágicas consecuencias para las distintas nacionalidades de los indios nativos. De acuerdo al censo de 2020 hoy día los pueblos indígenas de los EU alcanzan solo 2.7 millones de habitantes esparcidos por diferentes estados de un universo de 332 millones de habitantes en los EU, o sea, un .8% de la población.

Un claro caso de rechazo a la estadidad por origen nacional es el del frustrado estado de Sequoyah, lo que es hoy el estado de Oklahoma. El gobierno federal firmó un tratado en 1828 con cinco tribus nativas, a saber, los Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminole, en cuyo territorio estas establecieron un gobierno propio eficaz a fin con sus creencias y costumbres. El conflicto de la Guerra Civil y la posterior expansión de pobladores blancos anglosajones en el territorio comenzaron a amenazar su existencia. Decidieron entonces organizarse para solicitar ser admitidos como estado de la nación en igualdad de condiciones que los otros estados. Llegaron inclusive a redactar una constitución en 1905, llevaron a cabo un referéndum donde la estadidad ganó con 86% de aprobación, pero su solicitud de admisión fue ignorada por el Congreso y por el presidente en aquel entonces Theodore Roosevelt. En su lugar, Roosevelt propuso que tanto el Indian territory y el territorio de Oklahoma formaran un solo estado. En 1906 el Congreso aprobó el Enabling Act para admitir al nuevo estado de Oklahoma. Solo faltaba que se convocara una convención constituyente compuesta por miembros de ambos territorios. La misma fue aprobada en septiembre de 1907 y en noviembre de ese mismo año el presidente Roosevelt proclamó el estado número 46 de la nación. Ya para ese entonces la población indígena solo representaba el 6% de la población.


Este precedente desmiente la afirmación de que el Congreso nunca ha negado la estadidad a los territorios que la han solicitado. También existe el caso del distrito federal de los EU que en el 2016 sus residentes votaron a favor de la estadidad con un altísimo 86% de aprobación. Tan reciente como en el pasado año la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 51 con un voto de 216 a favor y 208 en contra, pero la medida no fue aprobada en el Senado. No es posible concluir en este breve análisis que el rechazo a la estadidad se debe a la composición racial de la población del distrito federal, pero cabe señalar que, de acuerdo al censo de 2020, el 45.4% de la población es de raza negra.[1]

En el caso de Nuevo México, un vasto territorio conquistado mediante la Guerra contra México y cedido a EU mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, el periodo de la admisión como estado fue mucho más prolongado que el de Luisiana. Con una escasa población de 61,547 en 1850, Nuevo México tardó 62 años en convertirse en estado. Desde su incorporación como territorio en 1850 hasta su admisión en 1912, la población se quintuplicó de unos meros 61,547 a 327,301. En dicho sentido la escasa población de origen mexicano que existía en el territorio fue absorbida por la fuerte ola migratoria hacia su jurisdicción por nuevos habitantes anglosajones atraídos por la explotación minera y facilitado su ingreso a través de las vías del nuevo ferrocarril. En dicho sentido, lo que le queda a Nuevo México de su pasado mexicano es el nombre y una minoría de habla hispana.

El caso de Hawaii es particularmente emblemático en apoyo a nuestra teoría. La población hawaiana es de origen polinesio y a pesar de ser un archipiélago aislado en medio del mar y con poca población logró obtener reconocimiento como país soberano a nivel internacional con una monarquía como sistema político. Su reina Liliokalani fue víctima de un golpe de estado en 1893 por parte de un grupo de comerciantes blancos anglosajones y luego de un breve periodo como República, el archipiélago fue absorbido en 1898 por el Congreso de los EU mediante la aprobación de una Resolución Conjunta de Cámara y Senado. Todo ello en el contexto de la Guerra Hispano Americana donde el Congreso entendió que anexar dichas islas era de vital importancia para sus fines navales militares en el Pacífico. Para 1890 la población hawaiana era tan solo de unos 90,000 habitantes. A través de varias décadas la fuerte ola migratoria proveniente de los EU y otros países asiáticos generó un aumento poblacional hasta llegar casi al medio millón. Cuando Hawaii fue admitido como el estado número 50 en 1959, solo el 17.4% de la población era de origen hawaiano. A pesar de que Hawaii disfruta de un ingreso per cápita de $58,655 es el estado con más personas sin techo per cápita en todo EU con una marcada disparidad económica entre ricos y pobres. La aparente opulencia que se proyecta del estado de Hawaii contrasta marcadamente con las condiciones de vida del nativo quienes no cuentan en su mayoría con los salarios necesarios para procurarse una vivienda digna y el alto costo de vida les impone serios retos que amenazan su propia subsistencia.


El gigantesco estado de Alaska, de mayor extensión territorial que el de los 3 estados más grandes combinados (California, Texas y Montana) es también el de menor densidad poblacional. Fue adquirido por compra a Rusia en 1867 por $7.2 millones y tardó 92 años en convertirse en estado en el 1959. De acuerdo a un censo poblacional llevado a cabo entre 1880 y 1882, citado por el gobernador del territorio Alfred P. Swineford en un informe al Congreso, Alaska contaba en ese entonces con una población nativa de 31,240 y tan solo 430 habitantes de raza blanca anglosajona. Esta falta de población blanca americana fue un factor que influyó grandemente en la apatía del Congreso para habilitar un gobierno territorial. Los esfuerzos de la población por anexarse fueron recibidos con indiferencia por el Congreso de los EU en las primeras 4 décadas del Siglo 20 hasta que se dieron dos factores de vital importancia: 1) el ataque de Japón a las islas aleutianas en 1942 como parte de las hostilidades durante la II Guerra Mundial; y 2) el subsiguiente crecimiento poblacional de la raza blanca anglosajona. De acuerdo al censo poblacional de 1940 Alaska contaba solo con 72,024 habitantes, para el 1950 subió a 108,236 y para el 1960 aumentó a 226,167. De estos el 77.2% era de raza blanca, 3% de raza Negra y 18.8% de razas indígenas y nativos de Alaska. Por eso no nos debe extrañar que la clase política del estado de Alaska sea blanca anglosajona y que los nativos sigan siendo un sector de la población marginado y empobrecido.

Apartándonos un poco de los precedentes de los territorios y abordando la conducta del Congreso en el ámbito diplomático internacional cabe señalar dos ejemplos ilustrativos. Texas, antigua provincia de México que alcanzó estatus de república independiente en 1836, compuesta en su mayoría por población blanca anglosajona, fue admitida como el estado número 28 en 1845. En contraposición, durante la presidencia de Buenaventura Báez, la República Dominicana, un país caribeño compuesto mayormente por gente negra, mestiza e hispanoparlante, suscribió un tratado de anexión con los Estados Unidos en 1869 y al año siguiente se celebró un plebiscito donde la estadidad resultó ampliamente favorecida, aunque mediante un proceso de dudosa credibilidad. Sin embargo, en 1871 el proyecto de anexión no contó con el voto de las dos terceras partes del Senado para ser aprobado debido en gran medida a la fuerte oposición del senador por Massachusetts y antiesclavista Charles Summer.

Contrario a los precedentes antes discutidos, cuando Puerto Rico fue ocupado por las tropas norteamericanas en el 1898, su población alcanzaba los 950,000 habitantes y tenía una densidad poblacional aproximada de 271 habitantes por milla cuadrada. Es de notar que ningún otro territorio de los EU, salvo la isla de Guam en el Pacífico,[1] ha permanecido tanto tiempo (124 años) con un estatus de territorio no incorporado. Los esfuerzos del liderato estadista para que se considere la petición de estadidad ha sido recibida con un tímido respaldo por algunos congresistas y en muchos casos con marcadas objeciones, especialmente por parte de miembros del Partido Republicano que perciben en la estadidad una amenaza al balance de fuerzas políticas en el Congreso y de donde surgen las expresiones de mayor prejuicio racial en contra de los inmigrantes latinos y otras razas no blancas. Resulta altamente vergonzoso el humillante espectáculo que exhiben los mal llamados delegados por la estadidad que el PNP ha enviado a la capital federal pagados con fondos públicos para presionar nuestra admisión como estado utilizando una estrategia calcada del plan Tennessee. Parecen ignorar los estrategas estadistas que para el Congreso de los EU no es lo mismo admitir estados con mayoría compuesta por gente blanca anglosajona para concederles los poderes políticos inherentes al estatus político de un estado que admitir a un estado étnica y racialmente diferente. Considero que el factor demográfico de Puerto Rico, siendo una isla densamente poblada, de habla hispana con una cultura e historia diferenciada de los EU, ha sido tomado en consideración por el Congreso al momento de tomar decisiones sobre su estatus político.


Es de notar que en la década de los ’50 mientras el Congreso se movía hacia la eventual aprobación de legislación para admitir a Alaska y Hawaii como los estados #49 y #50 respectivamente, con relación a Puerto Rico fue la de legislar para crear un estado asociado con cierta autonomía para regir sus asuntos internos. De hecho, en el 1953 el embajador norteamericano Henry Cabot Lodge, Jr., manifestó en la Organización de las Naciones Unidas que ya Puerto Rico había alcanzado suficiente grado de auto gobierno como para justificar su exclusión de la lista de países no autónomos y sujetos a la supervisión de dicho organismo internacional. (Véase Resolución 748 VIII de la ONU).


Es preocupante para el que se aprecia a sí mismo como ser puertorriqueño observar el éxodo masivo de compatriotas hacia los Estados Unidos por las últimas dos décadas en busca de oportunidades de empleo que le son negadas en su propia tierra. A su vez la constante ola migratoria de ciudadanos norteamericanos atraídos a Puerto Rico por los beneficios contributivos que les ofrece la Ley 20 y 22 anticipa un cambio demográfico sin precedentes. Y no solo se trata de un marcado cambio demográfico, sino que los nuevos habitantes pertenecen a una clase social con gran valor adquisitivo que están acaparando el mercado de bienes raíces, lo que genera como consecuencia una marcada alza en el costo de la vivienda. Además, los nuevos pobladores disfrutan de beneficios contributivos que a los nuestros se les niega.


Si a dicho oleaje de fuentes migratorias se le añade el bajo índice de natalidad, la falta de salario y retiro dignos para los servidores públicos, la imposición de una deuda ilegal que afecta el acceso a los servicios básicos como la salud y la educación, el cierre de escuelas, el corte de fondos para la Universidad pública y su consecuente alza en el costo de la matricula, el alza en el costo de los alimentos, la vivienda y el combustible, la venta indiscriminada de los activos públicos a compañías privadas extranjeras, no hay que ser adivino para predecir que si sigue esta tendencia, de aquí a unas cuantas décadas, tendremos en Puerto Rico una población mayoritariamente blanca anglosajona y en su contraparte una población puertorriqueña empobrecida. Si a esta trágica predicción se le añade el elemento de un gobierno servil e insensible, la corrupción gubernamental y como consecuencia la desviación de fondos públicos para los funcionarios electos y sus amigos del alma, la nacionalidad puertorriqueña estará condenada a su extinción, todo ello a cambio del sueño de una estadidad que nunca llega. A juzgar por los precedentes antes discutidos esa estadidad que en el PNP le llaman “igualdad” está solo reservada para una raza blanca anglosajona cuya visión de mundo esté alineada con una mentalidad supremacista, expansionista e imperialista.


Invito al lector a que investigue por sí mismo sobre la realidad histórica expansionista de los EU y su efecto sobre las poblaciones nativas no blancas. Debemos reformularnos la pregunta inicial que se nos hiciera en la papeleta del 2020 de si queremos o no queremos ser admitidos como estado de la Unión y cuestionarnos si es nuestra verdadera aspiración colectiva extinguirnos como pueblo.

 

[1] De acuerdo a un informe emitido por el Comité de Descolonización de la ONU en el 2020, Informe A/AC.109/2020/9, para el censo de 2010 Guam contaba con una población de 163,000 habitantes de los cuales solo el 37.3% son nativos, a quienes se les conoce como Chamorros. Discute dicho informe el caso de Davis v. Guam, en donde una consulta plebiscitaria aprobada por la legislatura de Guam que limitaba el derecho al voto exclusivamente para los nativos del territorio fue declarada inconstitucional porque imponía de manera inadmisible restricciones basadas en la raza respecto a los derechos de los habitantes no nativos. El gobierno de Guam recurrió de dicha decisión al Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, foro que confirmó la decisión del Tribunal de Distrito Federal el 29 de julio de 2019. El caso se encuentra ante la consideración Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De confirmarse, esta decisión tiene el efecto de que ciudadanos americanos no nativos del territorio puedan afectar con su voto el derecho de autodeterminación del pueblo Chamorro. [1] Un estudio de los cambios demográficos del distrito federal en Wikipedia, Demographics of Washington D.C., refleja que para el 1970 el 71.1% de la población del distrito federal era de la raza negra, proporción que se ha reducido al 45.4% en el 2020 debido a las agresivas políticas de gentrificación. En ese mismo periodo la proporción de población de raza blanca ha aumentado de un 26.5% a 42.52%.

[1] En la consulta del 2012 se le hizo al electorado una primera pregunta: si favorecía o no el estatus territorial actual y el 54% se expresó en contra. La segunda pregunta le brindó al electorado la oportunidad de escoger entre Estadidad, Estado Libres Asociado Soberano e Independencia. Aunque la Estadidad sacó el 61% de los votos, al sumar las papeletas dejadas en blanco, la proporción de votos a favor de dicha opción se redujo a 48%. En el plebiscito del 2017 aunque el 97% de las papeletas arrojaron un voto a favor de la estadidad, solo el 23% de los electores inscritos acudieron a las urnas ante un llamado al boicot por parte de los partidos opositores.

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