Por Eduardo Villanueva
Portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico
Hace tiempo escribí esta definición que aún me parece pertinente:
Hoy día diez de diciembre, es el día internacional de los derechos Humanos. Derechos universales son los derechos que tiene todo ser humano, inherentemente, por su naturaleza humana. Algunos básicos generalmente reconocidos, son: el derecho de asociación, el derecho a la libertad, el derecho de expresión, el derecho a la intimidad y a la protección de la dignidad de la propia persona. El derecho a vivir en una patria libre, no sujeta a la subordinación colonial frente a un país interventor, es decir el derecho a tener la última palabra sobre el destino de su patria.
En estos momentos críticos que vive la patria, estamos obligados a pensar en otros derechos humanos: El derecho a una vivienda digna, a un empleo conforme a nuestra preparación y a nuestras capacidades, con una remuneración justa. El derecho a servicios de salud preventivos en parte y curativos cuando fuere necesario, sin que el servicio al enfermo esté regido por aseguradoras y afán de lucro. El derecho a gozar de seguridad colectiva, en protección a la vida y la propiedad, a cargo de agentes democráticamente entrenados, que tengan un salario justo que retribuya los riesgos de su oficio. El derecho a un presupuesto que permita el mejor funcionamiento de la universidad pública, garantizando el mayor acceso a estudiantes talentosos ,desarrollando investigaciones científicas que aporten al bien común y a problemas acuciantes de la sociedad.
El derecho a tener edificios, estructuras históricas, protección de nuestras obras culturales, programas artesanales y pictóricos, que enriquezcan las necesidades del espíritu. Que se privilegie el ser por sobre el tener bienes materiales. Dedicar recursos, establecer prioridades para estas áreas definidas previamente, requiere que se conceptualice lo que son servicios esenciales y que tengamos autoridad soberana para establecer un presupuesto que las garantice para la generalidad de la población.
La Junta de Control Fiscal no ha querido definir lo que son servicios esenciales y nuestro presupuesto general no responde adecuadamente a las necesidades y prioridades sociales que hemos identificado en diálogo común con la población puertorriqueña. Esa falta de poder soberano para identificar prioridades y recursos, obliga a nuestros dirigentes electos a utilizar con prudencia, sabiduría y honestidad, el presupuesto que administran. Los procesos investigativos actuales y los escándalos que día a día surgen, en actos de corrupción generalizada, ponen de manifiesto otro derecho humano fundamental: El derecho a que la aportación económica que generan nuestros contribuyente y la retribución que hace el gobierno federal a sus inversiones y ganancias en Puerto Rico, se dirijan a servicios esenciales y no al bolsillo de algunos de nuestro funcionarios electos.
Existe un derecho humano a que los que dirigen no se apropien ilegalmente de fondos públicos. A que las aportaciones del pueblo se orienten a sus necesidades esenciales. Que el afán de lucro no prime sobre el compromiso con el servicio público. No exigimos que nuestros funcionarios públicos sean santos ni modelos de pureza. Sólo reclamamos que cumplan con el juramento que prestan de hacer valer la ley y la Constitución, siendo custodios de la voluntad del pueblo. La nación puertorriqueña tiene derecho a que sus funcionarios honren la confianza que se depositó en ellos. No queremos que el patrono de dichos funcionarios sea una iglesia o una secta. Sólo reclamamos que lo sea la propia moral, el decoro personal, la mesura en el uso de fondos públicos. Exigimos el derecho humano fundamental de nuestra patria, a que la vanidad, el afán de lucro, la frivolidad moral, no sean regentes de la administración pública.