Aprueba resolución para reconocer el derecho de la libre determinación e independencia de Puerto Rico
Más de cuarenta ponentes de la Isla y la diáspora declararon ante el organismo, en una jornada que concluyó con una manifestación independentista.
Nueva York.- Después de escuchar a más de 40 ponentes, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó esta tarde - por consenso y cuadragésima ocasión-, la resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.
La votación marcó el 50 aniversario de los debates sobre el caso político de Puerto Rico en el Comité de Descolonización, que sigue sin poder avanzar a la Asamblea General de la ONU. Y la jornada terminó con una manifestación en una plaza aledaña a la sede del organismo internacional, que reunió a decenas de independentistas e incluyó a varios de los que presentaron mensajes ante el Comité de Descolonización.
Aunque el tema no está en la agenda del Senado de Estados Unidos, donde se ha descartado aprobar un proyecto pro estadidad, la sesión de hoy coincidió con esfuerzos del liderato demócrata de la Cámara baja en busca de un acuerdo sobre una medida que convoque a un plebiscito federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, excluyendo el status territorial o colonial vigente.
Pedro Luis Pedroso, embajador cubano ante la ONU y quien presentó la resolución adoptada por el Comité de Descolonización, afirmó que el caso colonial de Puerto Rico “no es un asunto interno de Estados Unidos”. “Incumbe al Comité de Descolonización y toda la comunidad internacional”, sostuvo Pedroso, quien subrayó que el propio Tribunal Supremo y Congreso estadounidenses se han encargado de quitarle el “disfraz” colonial a Puerto Rico.
Como ha ocurrido en años recientes, la resoluoción fue coauspiciada por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Rusia y Antigua y Barbuda. También hubo expresiones de respaldo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - a cargo de la representación de Argentina- y del Movimiento de Países no Alineados, presentado por Azerbaiyán. “La CELAC reafirma la identidad caribeña y latinoamericana de Puerto Rico”, dijo la representante de Argentina.
Jorge Arturo Reyes, ministro consejero de la misión de Venezuela, dijo que el apoyo de la región de América Latina y el Caribe a la causa de la descolonización “ha sido firme e inquebrantable”. “Sigue siendo Puerto Rico, con quien nos unen profundos lazos de amistad, historia y cultura, la única causa de dominación colonial pendiente en todo nuestro hemisferio. Se trata de una causa común y que nos une como región, pero que compete a toda la comunidad internacional y de manera muy especial a este comité”, indicó Reyes.
La resolución hace otro llamamiento a la Asamblea General de la ONU para que examine el problema colonial de Puerto Rico de “manera amplia” y se pronuncie sobre el tema “lo antes posible”.
En momentos en que el liderato demócrata de la Cámara baja busca presentar un proyecto de ley para regular un plebiscito federal en noviembre de 2023, la resolución menciona los esfuerzos para lograr “un mecanismo que asegure la plena participación de representantes de todos los sectores de la opinión pública puertorriqueña, incluyendo una Asamblea Constitucional de Status con las alternativas de descolonización reconocidas en el derecho internacional, y conscientes del principio de que cualquier iniciativa que busque una solución al status político de Puerto Rico debe ser originario del pueblo de Puerto Rico”.
La resolución “observa con preocupación” como la ley Promesa, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, incrementó la subordinación de Puerto Rico al gobierno de Estados Unidos.
Tomó nota, a su vez, “del amplio apoyo de personalidades eminentes, gobiernos y fuerzas políticas en América Latina y el Caribe a la independencia de Puerto Rico”.
También reafirmó el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”.
A su vez, exhortó “al Gobierno de Estados Unidos a asumir su responsabilidad de promover un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”.
La resolución de 2022 promueve que Puerto Rico, “de manera soberana”, pueda “tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidos el desempleo, la marginación, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y la salud, que se han agravado por el azote de los huracanes Irma y María, los terremotos que afectaron a la parte suroeste de Puerto Rico y la pandemia de COVID-19″. Wilma Reverón Collazo - del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y experta en el caso político de la Isla-, advirtió a El Nuevo Día que en la resolución de 1953 que eximió a Estados Unidos de la obligación de presentar informes sobre Puerto Rico, la Asamblea General de la ONU dejó la puerta abierta para retomar el debate si “cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo” desea “modificar los términos”.
Las presentaciones
Los más de 40 ponentes incluyeron al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique Meléndez, al secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y al expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas Eduardo Villanueva, entre otros.
Esta vez, cerca de una tercera parte de los peticionarios defendió la estadidad. Además, la sesión, que en sus inicios se extendía por dos semanas y en años recientes casi todo un día, duró solo unas tres horas
Dalmau Ramírez, pasado candidato del PIP a la gobernación, reafirmó el reclamo para que la discusión vuelva a la Asamblea General de la ONU, que en 1953 eximió al gobierno de Estados Unidos de la obligación de rendir informes sobre la falta de gobierno propio en Puerto Rico.