Alejandro Torres Rivera
24 de agosto de 2022
La prensa relata en las redes sociales que una Comisión de la Verdad creada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, revela la participación de las autoridades federales y estatales mexicanas en la captura, desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa en 2014. La Comisión indica que al presente, no existen indicios de que alguno de ellos haya sobrevivido. El anuncio de la Comisión se produce apenas unas semanas antes de cumplirse ocho años de este horripilante suceso.
Los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados formaban parte de un grupo mayor compuesto por 100 de estudiantes que se dirigían en autobuses luego de visitar el suroeste de la ciudad de Iguala interceptados por integrantes de la policía y militares en septiembre de 2014.
Reportándose por la Comisión que se trata de un “crimen de Estado”, quien fuera el Fiscal General de México al momento de los sucesos, Jesús Murillo Karam, fue detenido acusado por desaparición forzada y torturas de los estudiantes normalistas. A la vez, se libraron 83 órdenes de arresto contra mandos militares, soldados, policías y funcionarios estatales y federales vinculados con el crimen, complicidad en los delitos y encubrimiento.
Murillo Karam había sido el principal responsable de la llamada “verdad histórica” la cual, como versión oficial en el gobierno de Enrique Peña Nieto, desvió la atención sobre las causas del crimen, pretendiendo establecer que los estudiantes fueron objeto de la desaparición y asesinato por parte de la agrupación criminal vinculada con el narcotráfico Guerreros Unidos. De los 43 estudiantes asesinados, sólo los restos de tres de ellos fueron localizados.
Estados Unidos Mexicanos, es un país con una superficie que se acerca a los 2 millones de kms. cuadrados. Constituye el undécimo país más poblado del planeta y decimocuarto en extensión territorial. Colindan sus fronteras, al Norte con Estados Unidos de América; en el Sureste con Belice y Guatemala; en el Oeste con el Océano Pacífico; y en el Este con el Golfo de México y el Mar Caribe. El país está políticamente integrado por 31 estados soberanos y un Distrito Federal. Su rama legislativa está compuesta por un Senado integrado por 3 senadores representativos de cada uno de los estados federales y 32 senadores adicionales electos proporcionalmente todos ellos por un término de 6 años. El Congreso, por su parte, lo conforman 300 diputados electos directamente, en adición de 200 más escogidos proporcionalmente donde cada estado federal tiene el derecho a tener al menos 2 diputados. Estos diputados, a diferencia de los senadores, se eligen por un término de 3 años.
El estado de Guerrero, localizado en la porción Sur, sur este de México, tiene una extensión territorial de 63,794 Km. cuadrados. Ingresó como estado en la federación mexicana en el año 1849. Cuenta con una población estimada en 4 millones de habitantes. Se considera Guerrero, y en particular la ciudad de Iguala, como una “zona clave en el trasiego de drogas.”
El municipio de Iguala, cuyo nombre completo es “Iguala de la Independencia”, constituye la tercera localidad con mayor población dentro del estado de Guerrero. Cuenta con una población aproximada de 132,854 habitantes. Iguala guarda un importante sitial en la historia de México al ser considerada la cuna de la independencia nacional el 24 de febrero de 1821. También es el lugar en donde se unieron todas las fuerzas opositoras al dominio español; nicho desde donde fue concebida la bandera nacional mexicana; sede de la fundación del primer ejército mexicano; primera capital del estado de Guerrero; y único lugar reconocido en la letra del Himno Nacional de México y en su Acta de Independencia.
La novena estrofa del Himno Nacional de México, hoy omitida oficialmente, contiene en referencia a Iguala, la siguiente letra: “Y el que al golpe de ardiente metralla/ de la Patria las Aras sucumba/ obtendrá en recompensa una tumba/ donde brille de gloria la luz./ Y de Iguala la enseña querida/ A su espada sangrienta enlazada/ De laurel inmortal coronada/ Formará de su fosa la cruz”.
Los estudiantes de la escuela normal de Iguala, que alberga estudiantes de pocos recursos económicos, ha tenido una larga historia en las luchas sociales. Fue elegida en 2014 como sede para la organización de la movilización prevista para el 2 de octubre en Ciudad de México, en conmemoración de la masacre ordenada por el gobierno mexicano en 1968, año en que también se celebraban en México los Juegos Olímpicos, contra las movilizaciones estudiantiles. El conjunto de estudiante normalistas de Ayotzinapa lo conformaban jóvenes entre los 17 y 25 años. El día de los hechos, decenas de jóvenes fueron detenidos, tres de ellos fueron asesinados, otros fueron liberados por sus captores y 43 desaparecieron.
Guillermo Castillo, en un artículo cercano a la fecha de los eventos escrito para la publicación electrónica ALAI-AmLatina de fecha 29 de octubre de 2014, al describir los sucesos en Iguala con posterioridad a los asesinatos, agresiones y desapariciones de los estudiantes, utiliza una expresión que bien describe la actitud que hasta ahora prevalece en el gobierno México con relación a estos sucesos: “Abajo pasa mucho, arriba no pasa casi nada.”
De acuerdo con datos que para la fecha de las desapariciones en Ayotzinapa, desde 2006 y hasta mediados de 2013, habían desaparecido en México 26,121 personas. En el sexenio del mandato del presidente Felipe Calderón, que precedió a Peña Nieto, se produjeron 102,969 homicidios y en los primeros 14 meses del gobierno de Peña Nieto, la suma de muertes ascendía a 23,640. En el año 2013, la cifra de muertes asociadas al narcotráfico sumaron más de 16 mil personas.
De acuerdo con Víctor M. Quintana S., Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en un escrito del año 2014, la misma violencia que encontramos alrededor de los sucesos en Iguala, se encontraba también en otras localidades de México. Indica que en diversos estados de México, “los carteles se reacomodan, disputan nuevos espacios, constituyen nuevas alianzas perversas, demostrando que la estrategia federal en sus diversas formas, operativos, coordinaciones, etc., no los han tocado en su línea de flotación.
Por su parte, Guillermo Castillo, en el artículo antes citado, desmintiendo la “verdad Histórica” como “verdad oficial” promovida por el gobierno mexicano el indicaba lo siguiente:
“Conforme a la información recabada y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatro personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando el contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañas y Género Vázquez, y posteriormente, ya a fines del siglo XX la política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998)."
Raúl Zibechi, en otra publicación para ALAI-AmLatina del 24 de octubre de 2014, indicaba en relación a México, que el “Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad.” Señala que de acuerdo con la revista Proceso, publicada poco antes de su escrito, “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”. Sobre el particular, indica, no se obtuvo respuesta. Entiende que lo ocurrido en Ayotzinapa no fue sino una advertencia hecha al pueblo sobre hasta dónde el narcotráfico y los políticos corruptos están dispuestos a llegar si se les enfrentan. Por eso a su juicio no era de extrañar que en el proceso mismo de la eventual captura del Alcalde de Iguala y su esposa, saliera a relucir la renuncia del Fiscal General de Justicia de Guerrero Iñaki Blanco y su eventual colocación como testigo de la Procuraduría General de la República. Esto ya había ocurrido antes con otro alto funcionario de Iguala. Así como ellos, hay otros políticos y funcionarios públicos involucrados con los carteles de la droga en México que hoy ocultan a los responsables materiales e intelectuales de la guerra de las drogas en este país.
Se ha indicado que la causa próxima en los asesinatos, agresiones y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa surge dentro de un escenario en el cual, en ocasión de un evento planificado para lanzar la candidatura electoral de María de los Ángeles Pineda a la alcaldía de Iguala, tanto Abarca como ella fueron alertados de la movilización de los estudiantes hacia la ciudad. Previendo las manifestaciones en su contra, ordenaron a la policía municipal, y en consecuencia, a la narco-organización Guerreros Unidos, detenerlos a todo precio. En los primeros enfrentamientos con los estudiantes, estos sicarios y la policía asesinaron a tiros a dos de los manifestantes; a otro lo desollaron en vida ante la vista de los demás; y a otro más, en el proceso de asesinarle, le arrancaron sus ojos. Otros estudiantes fueron arrestados y otros más fueron entregados a sicarios vinculados al narcotráfico entre los cuales se encuentran los 43 estudiantes desaparecidos.
Cuando la prensa dio a conocer la captura del ex alcalde del municipio de Iguala, Juan Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, “no hubo tiros ni gritos”. Al momento de sus capturas, el matrimonio dormía en una casa un tanto destartalada donde se habían ocultado en la que sólo había una mesa y una cama. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 120 mil dólares.
En la operación también fue capturada Noemi Berumen Rodríguez, acusada por el encubrimiento de la pareja. Más de medio centenar ciudadanos, entre los cuales se incluyen 22 policías corruptos, narcotraficantes y miembros del cartel de las drogas de los Hermanos Beltrán Leyva, conocido como Guerreros Unidos, también fueron detenidos.
Contra Abarca pesaban tres órdenes de captura libradas por la Procuraduría General de la República. En ellas se le imputaba el delito de homicidio calificado, relacionado con las muertes de 6 estudiantes ocurridas el 26 de septiembre de 2014; por tentativas de asesinato, relacionados con las desapariciones de al menos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y las heridas a otros 25; y de asesinato por la muerte de un líder local ocurrida en 2013.
Desde su llegada a la presidencia del país, López Obrador se comprometió con encontrar la verdad sobre lo ocurrido a los 43 estudiantes desaparecidos. Para ello ordenó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa en el 2018. Cuatro años después, la Comisión ha dado su Informe.
En la presentación del nuevo Informe por parte de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, destacó que en los sucesos de Ayotzinapa “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.” En sus declaraciones también imputó a dichas autoridades “alterar los hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.”
Indica el nuevo Informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa lo siguiente:
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó las verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.”
La denuncia de las actuaciones de Murillo Karam en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa no son nuevas. En el pasado se había hecho denuncias similares. De hecho, el presidente mexicano ha indicado que tras la detención de los imputados, el caso aún no está cerrado. Por su parte Omar García, sobreviviente del grupo de estudiantes de Ayotzinapa y actual diputado por el partido de gobierno MORENA, indicó que el arresto de Murillo Karam “representa un alivio para las familias de los 43 estudiantes” esperando que las detenciones desaten un “efecto de dominó” que lleve a nueva detenciones. Hasta ahora, entre los detenidos se encuentran 20 comandantes militares y soldados de los batallones 27 y 41 de la ciudad de Iguala, así como funcionarios administrativos y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala, uno de Cocula y 11 policías estatales junto con 14 integrantes de la agrupación criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con una publicación de la BBC News Mundo de 20 de agosto de 2022, el Informe dado a conocer por la Comisión indica, además:
Las autoridades federales y estatales del más alto nivel incurrieron en omisiones y negligencia, alteración de los hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
En todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde la salida de la escuela hasta su desaparición.
En el grupo delictivo participaron un amplio grupo de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células, con apoyo de policías municipales y agentes del Estado.
Existen suficientes indicios para concluir que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las investigaciones para el deslinde de responsabilidades en contra de Guerreros Unidos y los funcionarios municipales y federales.
No hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, testimonios señalan que fueron ultimados y desaparecidos.
Ciertamente estamos ante un crimen abominable cuya investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias fijando las correspondientes responsabilidades y castigos a los autores.