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Golpe o contragolpe: la crisis política en Perú

Alejandro Torres Rivera, 14 de diciembre de 2022

El 11 de abril de 2021 se llevaron a cabo elecciones en Perú. A ellas concurrieron 10 candidatos y candidatas a la presidencia. El candidato con mayor número de votos apenas alcanzó el 18.93% del concurso de los electores, mientras que la candidata que llegó en una segunda posición, obtuvo el 13.41%; es decir, entre los dos candidatos principales, no se superó tan siguiera el 33% de los votos.


La Constitución peruana requiere para que un candidato/a sea electo/a el 50% más uno de los votos. En estas elecciones, concurrieron a las urnas 25, 287,954 votantes, es decir, el 70.5% de los electores habilitados para votar. Perú contaba a la fecha con una población estimada en 33,035, 304 habitantes. El término para la presidencia es de cinco años.


En las elecciones se escogieron, además 130 congresistas, de los cuales las organizaciones de la derecha peruana lograron conseguir 85 congresistas; mientras “Perú Libre” obtuvo 37, “Juntos por el Perú” 5, y el “Partido Morado”, 3 conformando un bloque de 45 congresistas.


El Artículo 111 de la Constitución de Perú dispone que “treinta días siguientes a la proclamación de cómputos oficiales entre los dos candidatos que obtuvieran la votación más alta” en la primera vuelta, si es que ninguno logra posicionarse con el 50% más uno de los votos, se convocará una segunda vuelta electoral. Por su parte el Decreto Supremo Número 122-2020-PCN de 8 de julio de 2020, suscrito por el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, dispuso que la segunda vuelta electoral, de ser necesaria, se llevaría a cabo el 6 de junio de 2021.


Perú es uno de los países más grandes en América del Sur. Cuenta con una extensión geográfica de 1,285,216 kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con la superficie de Puerto Rico, Perú es más de 141 veces el tamaño de nuestro archipiélago. Colinda al Norte, con Ecuador y Colombia; al Sur con Chile, al Este con Brasil y Bolivia y al Oeste con el Océano Pacífico.


Políticamente el país se divide en 24 departamentos y 196 municipios, denominados “provincias”. Su población es diversa, siendo catalogada por algunos, como 60.2% como mestizos; 25.8% como amerindios; 6% europeos y dentro de una clasificación como “otros” se incluye un 2.5% de negros y una proporción similar de asiáticos. El modelo económico que ha tenido en las pasadas décadas ha estado sostenido en un modelo neoliberal.


Es uno de los países que más quita y pon ha tenido en su historia en términos de presidencias. Desde la independencia, ha tenido 65 presidentes, a los que se suman otras dos personas que habiendo sido juramentados como presidentes, nunca llegaron a ocupar sus cargos. La realidad del siglo XXI no ha traído grandes cambios. Solamente entre 2000 y 2021 Perú ha tenido 10 presidentes, de los cuales entre 2016 y 2021 suman 5.


En las elecciones llevadas a cabo el 11 de abril de 2021, irrumpió en la política peruana un dirigente magisterial de nombre Pedro Castillo, básicamente desconocido en la política partidista y electoral del país. Se le consideraba un aspirante de izquierda, aunque había confrontado críticas de algunos sectores de la izquierda peruana por sus posiciones conservadoras en temas tales como el aborto, las políticas de igualdad de género y matrimonio igualitario. Sin embargo, aún en las diferencias, Castillo recibió el respaldo de tales sectores frente a Keiko Fujimori, señalada por actos de corrupción o la del derechista Rafael López Aliaga, quien llegó tercero en las elecciones de abril.


La campaña contra Castillo tomó un giro más bien propio de la época de la Guerra Fría, siendo acusado de haber estado vinculado con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso que en el pasado operó al interior del país. Como parte de la propaganda contra Castillo los sectores de la derecha indicaban que un voto por él era un voto a favor del comunismo y que de éste resultar electo, traería al pueblo miseria y pobreza.


El programa político del Partido Nacional Perú Libre, donde militaba Castillo, fundado originalmente en 2008 por Vladimir Cerrón, como un movimiento político regional, aspiraba a conformar un partido de trabajadores; la nacionalización de sectores estratégicos de la economía; el incremento en los recursos asignados a la educación pública y a la salud, incluyendo un plan universal de salud gratuito y de calidad; así como elevar el nivel de las pensiones de los jubilados. Perú Libre también estaba comprometido, de resultar electo Castillo, en convocar una Asamblea Constituyente con el propósito de derogar la Constitución aprobada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori e impuesta tras su Golpe de Estado. Esta Constitución tiene como sostén las políticas neoliberales que como en otras partes donde el modelo se ha implantado, propugnan por la desigualdad extrema y la corrupción, y en el caso peruano, el vínculo triangular entre mafiosos, militares y el sistema judicial.


En la segunda vuelta electoral, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fugimori, fue de 44,058 votos, equivalente a 0.25%.


Hay quienes indican que en Perú coexisten dentro de un Estado nacional dos países; uno donde prevalece la oligarquía, la burguesía nacional y los sectores económicos dominantes de ascendencia europea; otro conformado por la base social que respaldó a Castillo, que es la población pobre en el interior del país, donde hay una mayor presencia de las poblaciones originarias, los llamados “mestizos”, y los sectores obreros y campesinos,


Desde su jura como presidente en julio de 2021, Castillo debió enfrentar los intentos reiterados de la derecha en control del Congreso para desbancarlo del cargo. A pesar del gran apoyo recibido por Castillo de los sectores populares en su ruta hacia la presidencia del país, evidenciado en grandes movilizaciones sociales, los meses previos a su destitución estuvieron también plagados de grandes movilizaciones y protestas contra su gobierno. Desde el interior de su gobierno se presentaron de inmediato contradicciones entre distintos funcionarios que le habían apoyado en su carrera electoral impactando algunos integrantes de su gabinete presidencial.


En una votación promovida en el Congreso por una diputada del partido “Avanza País”, imputándole a Castillo “falta de capacidad para diferenciar el bien con el mal” y la designación de ministros y funcionarios de gobierno vinculados con el terrorismo, el resultado fue de 61 votos a favor, 43 votos en contra y un voto abstenido. Otras mociones presentadas han sido las de “traición” fundamentadas en expresiones de Castillo proponiendo una salida negociada para brindar acceso al mar a Bolivia.


César Zelada, en escrito reproducido por la página electrónica Rumbo Alterno bajo el título ¿Perú: Por qué cayo Castillo?, señala que desde la segunda vuelta electoral, “la derecha puso a Castillo a la defensiva tildándolo de comunista, ‘terruco’, etc. epítetos que Castillo negaba. Una vez en el gobierno, después que el neofascismo denunciara fraude y López Aliaga llamara a matar al propio Castillo, éste siguió a la defensiva, rompió con Perú Libre (PL) y organizó una estructura política precaria y oportunista (la misma que terminó denunciándolo por corrupto).” El autor también denuncia el hecho de que Castillo estableció pactos con “la oposición centroderechista repartiéndose el poder estatal” y revirtiendo promesas de campaña, entre ellas, la convocatoria a la asamblea constituyente. Sectores del centro izquierda también rompieron con su gobierno. Todos estos factores, incluyendo la pérdida de popularidad, afianzaron los esfuerzos de la derecha adelantando posiciones en las elecciones municipales y regionales.


EL 7 de diciembre del año en curso, estaba prevista la discusión en el pleno del Congreso de una tercera propuesta para declarar vacante la presidencia del país. En un movimiento torpe y ciertamente con legalidad cuestionada desde la oposición política, Castillo anunció anticipadamente la disolución del Congreso y el establecimiento de un “gobierno de emergencia excepcional”, comprometiéndose de paso a convocar a elecciones para un nuevo Congreso “en el más breve plazo” y que éste, en un plazo no mayor de 9 meses, aprobara una nueva Constitución. En su mensaje al país indicó:


“Llevamos más de 16 meses de continua y obsequiada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial.”

Tanto sectores de la oposición como representantes internacionales consideraron en la medida adoptada por Castillo la repetición de lo actuado por Fujimori en 1992 cuando también disolvió el Congreso. El decreto de Castillo, si bien puede argumentarse que tiene alguna base en la Constitución peruana, mal tramitado en los aspectos procesales por Castillo, provocó una ola de renuncias en su gabinete; el rechazo por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; la negativa por parte del Congreso a someterse al decreto de disolución; la votación del cuerpo legislativo destituyendo a Castillo de su cargo como presidente por 101 votos a favor; y su detención y encarcelamiento preventivo por orden de la Fiscalía bajo el cargo de “rebelión”.


La detención preventiva en este caso, supone el encarcelamiento de la persona por un máximo de siete días en lo que la Fiscalía investiga y procesa al imputado. Ya la defensa del destituido presidente ha señalado que el delito de rebelión es improcedente alegando que, para configurar este tipo de delito, el acusado debe haber participado de un levantamiento en armas, algo que no hizo. El recurso de habeas corpus tras su destitución y encarcelamiento ha sido denegado por un tribunal de apelaciones, mientras miles de peruanos se han lanzado a las calles a protestar su destitución y arresto. Sin embargo, de acuerdo con CNN (cnnespañol.cnn.com de 16 de diciembre de 2022), el juez Juan Carlos Checkley ordenó el pasado jueves en la noche una detención preventiva por 18 meses, indicando que Castillo era un “presunto coautor del delito contra los poderes del estado y el orden constitucional modalidad de rebelión y alternativamente con delitos contra el estado conspiración (sic), como presunto autor de delito contra la administración pública y como presunto autor del delito contra la paz pública.”

Por su parte, la nueva presidenta designada por el Congreso ha indicado que le permitan organizar un gobierno de unidad nacional comprometiéndose, a junto con la Fiscalía y la Contraloría de la República, a combatir la corrupción.


Declaraciones de gobiernos como Argentina, Bolivia, Colombia, y México han mostrado “profunda preocupación” por la remoción de Castillo de su puesto y el desarrollo de los acontecimientos en Perú, lo que ha llevado a la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú a denunciar las declaraciones de los mencionados gobiernos como una intervención en los asuntos internos de su país.


Igualmente se ha expresado en ese contexto el presidente electo de Brasil, Luis Inaçio Lula Da Silva, señalado que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”. En sus palabras Lula describe no sólo lo ocurrido en el pasado con su compañera de partido Dilma Rousseff durante su gobierno; sino también, el escenario en el cual a él le tocará a partir de enero gobernar frente a los seguidores de Jair Bolsonaro. Sin embargo, el periódico español El País le cita indicando que el proceso seguido contra Castillo “fue remitido en el marco constitucional.”


Por su parte, la presidenta de Honduras, que ya vivió la experiencia con su esposo Manuel (Mel) Zelaya cuando fue destituido de su cargo como presidente en funciones por el parlamento hondureño, describió la situación con Castillo como un Golpe de Estado. En el caso del gobierno de México, ante la situación que enfrenta Castillo, su presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado su disposición a acoger al presidente Pedro Castillo como asilado político en el momento en que así sea solicitado.


El gobierno de los Estados Unidos por su parte, si bien no ha comentado la determinación del Congreso peruano, se ha expresado denunciando como antidemocrática la determinación de Pedro Castillo de disolver al Congreso.


Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Perú señala sin embargo, que la abogada Dina Boluarte, designada por el Congreso como presidenta provisional, “afrontará muchos de los problemas que acabaron condenando al profesor, principalmente el de la atomización de un Congreso díscolo y la dificultad para formar un gobierno capaz y con apoyos suficientes para desarrollar su agenda. Esto no ha terminado.”


En su primer mensaje luego de su arresto y detención, Pedro Castillo comunicó a través de las plataformas sociales que no ha renunciado a su cargo como presidente constitucional electo de Perú y a su vez rechazó la convocatoria hecha por la “presidenta designada” Dina Boluarte, de convocar a elecciones, las cuales originalmente ella pautó para el 2026, pero que ante los reclamos de las movilizaciones sociales indicó luego que serían convocadas para 2024.


Como resultado de las movilizaciones populares el 14 de diciembre el gobierno peruano decidió declarar un estado de emergencia nacional por espacio de 30 días, lo que ha conllevado la suspensión de los derechos constitucionales de la población en lo concerniente a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, la libertad de reunión y seguridad personales y ha concedido a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el control del orden público interno dentro del país. Estas medidas, lejos de calmar el ánimo entre la población, ha constituido un llamado a amplios sectores, incluyendo a los seguidores del Pedro Castillo a lanzarse a las calles. Al presente, la cifra de manifestantes fallecidos supera 16 personas, junto a 187 civiles y 216 policías heridos.


En Perú, ante la reciente crisis constitucional, social y política, no se ha dicho aún la última palabra. Ciertamente el estado de excepción decretado por el gobierno en funciones va dirigido a limitar y a silenciar al pueblo en sus manifestaciones y movilizaciones en favor de Castillo. Ya veremos el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días.

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